No se habla de otra cosa en el mundo del fútbol. Ayer, ‘Ser Catalunya’ destapaba que el FC Barcelona realizó pagos por un total de 1,4 millones de euros a José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del CTA (Comité Técnico de Árbitros) entre los años 2016 y 2018. Las diferentes transacciones tenían como destino una sociedad privada de Negreira, ‘DASNIL 95 SL’. Pagos de 532.000 euros en 2016, 541.000 euros en 2017 y un último de 318.000 euros en 2018 sitúan al Barcelona entre la espada y la pared. También a Laporta, que se encadena a una conspiración mediática para intentar esconder una deficiencia del club que actualmente preside. El resultado: casi 1,5 millones de euros que degradan al máximo la imagen de la entidad.
Llama la atención que servicios presupuestados en tantísimo dinero no lleven consigo una carga documental y que haya sido al único club al que se los ha prestado. Curioso también es que el hijo de Negreira, Javier Enríquez, -administrador único de DASNIL 95 SL’-, sí admita la materialización de los servicios asegurando que se enviaban vídeos mientras que su padre, propietario de la sociedad, habla de “servicios verbales”. Y más llamativo aún que el 95% de los ingresos que percibía la sociedad de los Negreira venían de las arcas del FC Barcelona.
También será casualidad que el último pago del club a Negreira fuera justo un mes antes de que este abandonase la RFEF. Bartomeu se excusa en una “política de recortes” mientras que sí creía conveniente malgastar casi 1 millón de euros en críticas direccionadas a sus propios jugadores.
La respuesta del club, y en concreto la de Laporta, deja mucho que desear. “El FC Barcelona lamenta que esta información aparezca justamente en el mejor momento deportivo de la presente temporada”, dicta el comunicado oficial en respuesta a la información de la Cadena SER. Con esa frase, tan bochornosa como victimista, la entidad defiende que algunos medios de comunicación están alineados para asegurarse de que el Barcelona no vuelva a levantar cabeza. Nada tendrá que ver, supongo, que Hacienda y Fiscalía estén llevando a cabo un proceso de investigación sobre un tema que, de demostrarse, se convertiría en uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol español. Entonces, díganos, Sr. Laporta: ¿Qué día le viene bien?
El conjunto azulgrana afirma que se trata de “una práctica habitual en los clubes de fútbol profesionales”. Lo que sabemos es que, por ahora, el Barcelona es el único equipo investigado y que algunos clubes supuestamente contratan este asesoramiento arbitral, pero no a altos cargos en activo donde entra un evidente conflicto de intereses.
No creo en las teorías conspirativas de quienes ahora aprovechan la situación para tratar de degradar aún más la imagen del Barcelona, pero la realidad del caso es que nadie ha obligado al club -y a sus sucesivos presidentes- a sumergirse en estos conflictos de intereses.
También leí ayer que “los periodistas no deben sacar esa información, perjudica al club”. Les traduzco: “No nos cuentes la verdad que, en vistas de lo que podría suceder, preferimos no saberla”. La labor del periodismo no es la de proteger a los poderosos, sino la de destapar sus vergüenzas -porque si no nadie lo hace-. La intención en este caso no considero que sea la de desestabilizar, más bien la de ser fiel a la verdad. Grave es, que si te despiertas esta mañana sin haber escuchado ni leído nada de lo ocurrido ayer, y decides echar un vistazo a las portadas de ‘Sport’ y ‘Mundo Deportivo’, creas que esta información no existe.
La trama que relaciona al FC Barcelona con el exvicepresidente del CTA contiene demasiadas casualidades que relacionadas dejan de serlo. Esos pagos encubiertos y dirigidos a una sociedad privada relaciona a dos instituciones que, por la salud del fútbol español -y del club- deben permanecer lo más alejadas posibles. Y el periodismo, que está para estas cosas, que siga estando. De lo contrario, dígame Joan: ¿Qué le sirvo?